Siete rectores y más de dos décadas de espera por una resolución que nunca se materializó
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) aprobó en 2003 otorgar el Doctorado Honoris Causa al expresidente Leonel Fernández Reyna, pero la resolución 2005-161 nunca se ha ejecutado. La llegada de Jorge Asjana David a la rectoría en julio reabre el debate sobre el cumplimiento de los mandatos universitarios.
La propuesta fue presentada por el entonces rector Porfirio García Fernández, luego de entregar las memorias del período octubre 2003-septiembre 2004. Desde entonces, siete rectores han tenido la responsabilidad de materializar la resolución 2005-161: Porfirio García Fernández (2002-2005), Roberto Reyna (2005-2008), Franklin García Fermín (2008-2011), Mateo Aquino Febrillet (2011-2014), Iván Grullón Fernández (2014-2018), Emma Polanco Melo (2018-2022) y Editrudis Beltrán Crisóstomo (2022-2026). Ninguno lo hizo.
En agosto de 2012, el extinto rector Mateo Aquino Febrillet manifestó su disposición de cumplir con ese mandato, a pocos días de que Leonel Fernández dejara el poder. El anuncio se produjo durante el discurso de inauguración de la torre administrativa y un nuevo comedor académico, con la presencia del exmandatario. Fernández, visiblemente satisfecho, recordó su paso como catedrático de la UASD por más de una década.
«En la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue donde yo estudié, por eso, ya al término de este mandato presidencial, me siento enaltecido, me siento honrado, de que he podido cumplir con cosas que me son muy íntimas, muy personales, como es el fortalecimiento de la educación», declaró Fernández en aquel momento. El exmandatario, que gobernó en tres períodos presidenciales, asumió el poder por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego se convirtió en líder del partido Fuerza del Pueblo (FP).
Ninguna otra autoridad universitaria se ha referido al tema durante más de una década. Con la llegada de Jorge Asjana David a la rectoría en julio de este año, algunos sectores universitarios se preguntan si este finalmente cumplirá con la resolución 2005-161 del Claustro Universitario. El caso pone en evidencia la persistente mora institucional en la universidad estatal y plantea interrogantes sobre el respeto a los acuerdos del claustro.
