Marino Hilario denuncia falla estructural y pide que quejas ciudadanas activen investigación de oficio
El experto en protección al consumidor eléctrico, Marino Hilario, denunció una falla estructural en la fiscalización de las distribuidoras eléctricas, al revelarse que la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) acumuló 38,813 expedientes pendientes al cierre del primer trimestre de 2026.
Según las estadísticas oficiales citadas por Hilario, Protecom recibió 14,791 reclamaciones entre enero y marzo de 2026 y terminó el trimestre con 38,813 casos pendientes de tramitación. La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) concentró 6,498 reclamaciones en ese periodo y finalizó marzo con 18,100 expedientes rezagados.
El especialista indicó que, si bien la institución reporta un aumento en las decisiones emitidas —como las 8,310 resoluciones procedentes en el primer trimestre—, la publicación de cifras globales no permite medir la solución real del conflicto. Señaló que se desconoce el impacto monetario de dichas decisiones, la cantidad de recursos jerárquicos interpuestos ante la Superintendencia de Electricidad (SIE), el tiempo promedio de resolución y si las distribuidoras cumplen efectivamente con las correcciones o créditos ordenados.
Hilario sostuvo que las reclamaciones de los ciudadanos no deben gestionarse únicamente como trámites administrativos individuales, sino como un sistema de alerta temprana para el regulador. En ese sentido, afirmó que cuando miles de usuarios reportan la misma anomalía, la Superintendencia de Electricidad posee la facultad legal de investigar de oficio para determinar si existen fallas en los medidores, en los circuitos o en los procesos de facturación, sin necesidad de que cada afectado deba agotar un proceso individual.
La denuncia de Hilario pone en evidencia la necesidad de que las autoridades utilicen la información de Protecom como herramienta de regulación para corregir las fallas estructurales que afectan a los usuarios del servicio eléctrico en la República Dominicana.
