La Cámara de Comercio de Santo Domingo apuesta por la transformación digital y la competitividad país
La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo lanzó un nuevo reglamento de arbitraje y resolución alternativa de conflictos que entrará en vigencia el 2 de noviembre. La iniciativa busca modernizar el sistema, reducir costos y fortalecer la seguridad jurídica y la competitividad del país.
El reglamento, presentado junto a sus normas complementarias, tiene por objetivo modernizar las disposiciones a los nuevos tiempos tecnológicos, agilizar el conocimiento de los casos en la corte, reducir costos y fomentar la transparencia. Las normativas ya están disponibles para el conocimiento de los dueños de negocios y sus representantes legales.
El presidente de la Corte de Arbitraje, Ramón Ortega, destacó que este método alternativo permite resolver cualquier discrepancia entre las partes que sostienen una relación contractual. ‘Este reglamento no es una decisión improvisada ni responde simplemente al interés de actualizar normas (…) revisamos nuestra práctica, escuchamos a nuestros usuarios, estudiamos la evolución del arbitraje y las mejores prácticas internacionales’, declaró Ortega. La Corte tiene más de 40 años operando bajo la Ley 50-87, recién modificada por la Ley 36-23.
Entre las novedades, se implementa un entorno completamente digital con expedientes electrónicos, notificaciones electrónicas, audiencias virtuales y firma digital para actas y laudos. El reglamento redefine el rol del tribunal, que tendrá el deber de adoptar medidas procesales apropiadas como la bifurcación del proceso, dictar laudos parciales o limitar la extensión de escritos y pruebas, ajustándose a la complejidad y cuantía de la disputa.
Los miembros del bufete directivo Karina Elmúdesi, Rafael Dickson, Jaime Senior y Laura Medina desglosaron las siete normativas complementarias. Se introduce la figura del árbitro de emergencia para solicitar medidas cautelares urgentes antes de que se constituya el tribunal de fondo. Ortega aseguró que el nuevo reglamento seguirá contribuyendo con la seguridad jurídica y la competitividad del país, incentivando la transparencia, las reglas claras, los árbitros especializados y las instituciones confiables.
