Rodolfo Valentín marca precedente nacional y regional al negar asistencia legal a corporaciones
Santo Domingo – La Oficina Nacional de la Defensa Pública, dirigida por Rodolfo Valentín, anunció que no cumplirá la intimación del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para asignar un abogado a una empresa imputada en el caso Camaleón, un pulso que redefine el alcance de la defensa pública en el país y la región.
Valentín respondió de manera tajante que ‘la Oficina Nacional de la Defensa Pública no asignará defensores públicos para representar a empresas ni organizaciones privadas’, basándose en la Constitución y la ley. La decisión, que desafía una orden judicial, coloca al sistema de justicia dominicano en el centro del debate sobre los límites de la asistencia legal gratuita.
El funcionario denunció que algunos tribunales del Distrito Nacional ‘se han empecinado’ en requerir defensores públicos para empresas, cayendo en ‘trampas estratégicas interpartes’. Advirtió que esta práctica podría sentar un precedente peligroso si no se corrige, y recordó que en Iberoamérica solo España, y solo para ONGs, ofrece un modelo similar.
La Defensoría Pública ya interpuso recursos de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional, mientras que otros tribunales han optado por declarar en rebeldía a las empresas y continuar con los imputados individuales. Este caso, conocido como Camaleón, se suma a la lista de controversias que podrían redefinir el marco legal de la defensa pública en República Dominicana.
Valentín, en su rol de coordinador del Caribe de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, subrayó que ningún país de la región brinda asistencia a empresas privadas, lo que posiciona a República Dominicana como un caso de estudio en la materia. La decisión también impacta a la diáspora, que observa cómo el sistema garantiza derechos a los más vulnerables.
El director reiteró el compromiso de la Defensoría Pública con las personas que no pueden pagar un abogado, priorizando sectores vulnerables. Mientras el Tribunal Constitucional decide, el pulso entre el Poder Judicial y la Defensoría Pública promete marcar tendencia en la región y en el debate sobre el rol del Estado en la defensa legal.
