Llevo años diciéndolo: lo dije desde el poder.
Hoy lo digo desde el dolor.
Y no pienso parar.
He perdido la cuenta de cuántas veces he tenido que pronunciar esa palabra.
Feminicidio.
La he dicho en tribunales, en el Congreso, en reuniones de gabinete, en actos públicos, en la ONU, en el Palacio Nacional, en las calles.
Y cada vez que la digo, algo en mí se resiste a la costumbre.
Porque detrás de esa palabra no hay un concepto jurídico ni una categoría estadística, hay una mujer.
Una historia interrumpida y hay un nombre que alguien dejará de pronunciar en voz alta y pasará a ser un gemido, un lamento.
Escribo este artículo sin distancia técnica, porque este tema no me lo permite.
Lo escribo como exministra de la Mujer, sí, pero también como dominicana que ha mirado a los ojos a madres que nunca encontrarán consuelo, a hijos que crecerán con un vacío que ninguna política pública podrá llenar.
Los feminicidios son, en su expresión más brutal, el último eslabón de una cadena de violencia que rara vez aparece de repente.
Antes del golpe hubo control.
Antes de la agresión física hubo humillación, aislamiento, dependencia forzada.
La muerte no fue un accidente ni una tragedia inevitable: fue el desenlace de un proceso que el entorno vio, en muchos casos, y no interrumpió.
Eso nos obliga a una pregunta incómoda: ¿cuántas de esas muertes pudieron evitarse? No como retórica, sino como exigencia real.
Porque demasiadas mujeres denunciaron.
Demasiadas pidieron ayuda.
Demasiadas acudieron a las instituciones y, aun así, terminaron siendo asesinadas.
Eso no es una falla aislada del sistema: es una señal de que el sistema tiene que cambiar.
La República Dominicana ha dado pasos legislativos importantes.
El nuevo Código Penal (Ley 74-25) tipifica el feminicidio de forma autónoma, distingue entre feminicidio agravado y feminicidio conexo, e impone penas que van de 30 a 40 años de prisión, con posibilidad de alcanzar los 60 años en circunstancias extremas.
La ley existe.
Pero la ley, sola, no salva vidas.
Lo que salva vidas es la capacidad del Estado para actuar antes de que sea demasiado tarde: protección efectiva, monitoreo real, seguimiento de los casos de riesgo, respuesta oportuna cuando una mujer levanta la mano y dice que tiene miedo con un chorrito de voz.
La impunidad, cuando ocurre, no es neutral.
Envía un mensaje que le dice a cada agresor que el costo de la violencia puede ser bajo.
Le dice a cada víctima que el Estado no es un lugar seguro al cual acudir.
Necesitamos una justicia que actúe con firmeza y sensibilidad, que entienda la realidad de las mujeres que comparecen ante ella.
Los hijos del dolor y el trauma Pero hay una herida que los informes institucionales difícilmente capturan: la que queda en los hijos.
Detrás de cada mujer asesinada hay, en muchos casos, niños y niñas que pierden a quien los protegía, y que cargan además con el peso de saber quién fue el responsable.
Las consecuencias psicológicas de esa experiencia pueden acompañarlos toda la vida.
Garantizarles atención, acompañamiento y protección no es un gesto compasivo: es una obligación del Estado y una responsabilidad de la sociedad entera.
Los feminicidios también fracturan comunidades, generan miedo silencioso, modifican rutinas, limitan libertades, condicionan la forma en que las mujeres se mueven por el mundo.
Ninguna sociedad puede llamarse libre cuando una parte importante de su población vive en estado de alerta permanente.
Este no es únicamente un problema de seguridad ciudadana: es un problema de salud pública, de derechos fundamentales, de la clase de país que queremos ser.
Las raíces del problema son culturales, y eso significa que la solución también tiene que serlo.
La violencia contra las mujeres no surge en el vacío: se alimenta de estructuras que durante generaciones han normalizado el control, la posesión y la desigualdad.
El machismo no es una opinión personal: es un sistema que produce consecuencias reales, y la más extrema de ellas es la muerte.
Por eso la educación no es un complemento de la política pública: es parte central de ella.
Educar para la igualdad, para el respeto, para la resolución no violenta de conflictos, es sembrar las condiciones para que la violencia no encuentre terreno fértil.
Y eso empieza en los hogares, en las escuelas, en cada espacio donde se forjan valores.
La erradicación de los feminicidios no puede recaer exclusivamente sobre el Estado.
Es una responsabilidad distribuida: de las instituciones, del sistema educativo, de los medios de comunicación, que pueden reproducir estereotipos o desmantelarlos, y de cada persona que decide no mirar hacia otro lado cuando hay señales de peligro.
El silencio cómplice también tiene un costo.
Cada feminicidio es una derrota colectiva.
Y cada vida protegida, cada intervención oportuna, cada niña que crece sin violencia, es una victoria que nos pertenece a todos.
Lo escribo con la convicción de quien ha dedicado años a este trabajo, y con el dolor de quien sabe que todavía falta mucho.
Porque detrás de cada cifra hay una vida.
Y cada vida importa.
Tags relacionados LAS MÁS RECIENTES Edición impresa estados unidos TRATADOS DE LIBRE COMERCIO iniciativa tecnológica.
