Mientras Abinader endurece penas, el Congreso ignora proyectos clave contra el ecocidio
El presidente Luis Abinader presentó un decreto que declara de alta prioridad estratégica el combate contra el terrorismo medioambiental, pero la medida contrasta con el estancamiento en el Congreso de cuatro proyectos de ley que buscan tipificar el ecocidio, proteger la cordillera Central y regular el arbolado urbano, en un contexto de creciente presión internacional por la protección de la biodiversidad.
El decreto presidencial, dado a conocer el miércoles, llega en un momento clave para la política ambiental dominicana. El Ejecutivo se ampara en el nuevo Código Penal, vigente desde agosto, para imponer condenas de 20 a 30 años de prisión a quienes atenten contra áreas protegidas, una respuesta a la debilidad de los marcos legales previos que permitían a los infractores recuperar la libertad en días. Sin embargo, la medida no aborda la necesidad de un marco legal permanente que trascienda la voluntad del gobernante de turno.
En el Congreso, la diputada Llaniris Espinal ha depositado cuatro proyectos de ley que permanecen congelados desde 2025, a pesar de la mayoría oficialista que facilitaría su aprobación. Entre ellos destaca la tipificación del delito de ecocidio, definido como el daño grave, extenso o duradero contra la biodiversidad, con penas de 10 a 20 años de prisión y responsabilidad penal directa para empresas, incluyendo la clausura definitiva y la confiscación de bienes mediante la Ley de Extinción de Dominio.
Otro proyecto busca declarar la cordillera Central como ‘Territorio de Seguridad Nacional y Soberanía Ecológica’, prohibiendo la minería metálica y extinguiendo concesiones. Para blindar al Estado ante demandas internacionales, la iniciativa establece que las concesiones sin licencia ambiental son ‘meras expectativas de derecho’ sin compensación económica, y obligaría a Egehid a destinar el 2% de sus ingresos brutos a un fondo de restauración de ríos. Esta medida tiene implicaciones directas para la seguridad hídrica del país y la generación de energía hidroeléctrica.
El paquete legislativo incluye también la declaración de la cordillera Septentrional como Patrimonio Natural, con prohibición total de minería metálica y penas de 6 a 20 años de prisión, además de la creación de un Centro Tecnológico de Vigilancia Ambiental en Santiago. Asimismo, un proyecto de marzo de 2025 regularía el arbolado urbano, protegería los márgenes de los ríos con una franja de 30 metros y reconocería la personalidad jurídica de los árboles, una tendencia global que busca darles representación legal.
Mientras el Ejecutivo actúa por decreto, el Congreso parece dormido. Este contraste refleja una oportunidad pérdida para que República Dominicana se alinee con estándares internacionales en materia de justicia ambiental, como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en países como Ecuador y Bolivia. La comunidad internacional y la diáspora observan con atención: el país podría liderar la protección ecológica en el Caribe, pero la inacción legislativa envía una señal contradictoria.
